Diputado Raúl Saldívar por Proyecto de Ley que busca prohibir el corte de servicios básicos: “En est


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El parlamentario PS se refirió a la iniciativa que busca prohibir el corte de servicios básicos y los intereses por mora y señaló que “esperamos que el Senado apruebe este proyecto lo antes posible, de manera de aliviar a quienes más lo necesitan”.

Con motivo de la crisis económica que ha desatado la pandemia por Covid-19, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado, el proyecto de Ley que Prohíbe el Corte de Servicios Básicos durante Emergencia Sanitaria. De ser aprobado por el Senado, el texto pasará al Ejecutivo para su promulgación como ley.

Con relación a esto, el diputado socialista por la Región de Coquimbo, Raúl Saldívar, afirmó que “esperamos que el Senado apruebe este proyecto lo antes posible, de manera de aliviar a quienes más lo necesitan durante esta crisis”.

Además de esto, el parlamentario PS señaló que “nuestra prioridad es que a pesar de que exista mora, se garantice la continuidad de los servicios básicos, mientras estemos bajo estado de catástrofe”.

Frente a la reserva de constitucionalidad anunciada desde el Ejecutivo, Saldívar aseguró que “ya que el gobierno ha estado dispuesto a analizar la posibilidad de rescatar a empresas como Latam, bien podría considerar aplicar esta medida para darle algún tipo de descanso al pueblo” y añadió que “en esta crisis la gente necesita que el Ejecutivo implemente medidas concretas y no píldoras”.


¿En qué consiste el proyecto?


Dicho proyecto establece que, durante los 90 días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y gas de red, no podrán cortar el suministro ni cobrar intereses por retraso en el pago, a los siguientes usuarios:


  1. Usuarios residenciales o domiciliarios.

  2. Hospitales y centros de salud.

  3. Cárceles y recintos penitenciarios.

  4. Hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual.

  5. Hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores.

  6. Bomberos.

  7. Organizaciones sin fines de lucro.

  8. Microempresas.


Se excluirán a las empresas sanitarias con menos de 12 mil clientes y a las cooperativas y comités de agua potable rural, sin perjuicio de los convenios, descuentos o facilidades de pago que otorguen a sus clientes.

Las deudas contraídas con las empresas mencionadas, generadas entre el 18 de marzo de 2020 y hasta los 90 días posteriores a la publicación de esta ley, se distribuirán en el número de cuotas mensuales iguales y sucesivas que que determine el usuario.

También y a elección del usuario, se podrán incluir otras deudas contraídas previamente, hasta el monto de 10UF para las empresas distribuidoras y cooperativas de electricidad, y 5UF para las empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas de red, en las mismas condiciones.

Además de esto, en el texto se establece que durante ese mismo plazo, los usuarios podrán solicitar a los servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, la el cambio transitorio de su contrato o la modificación de las condiciones de su servicio, para la aplicación de un plan básico solidario de conectividad, sin costo y que no implique cambio numérico, por un plazo de tres meses.

Se considerarán como beneficiarios de esta ley a los usuarios que cumplan con uno o más de los siguientes requisitos:

  1. Encontrarse dentro del 60% de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares.

  2. Tener la calidad de adulto mayor.

  3. Estar percibiendo las prestaciones del seguro de cesantía.

  4. Estar acogido a alguna de las causales de la Ley 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo, ya sea por la suspensión de la relación laboral o por la elaboración de un pacto de reducción temporal de jornada.

  5. Ser trabajador independiente o informal no comprendido en alguna de las categorías anteriores y expresar, mediante declaración jurada simple, que está siendo afectado por una disminución significativa de ingresos que justifica el acceso a los beneficios.

  6. Todos quienes a través de una declaración jurada, puedan demostrar una situación económica desmejorada por la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19.-





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